Como ya había mencionado la información es una instancia necesaria para la participación
ciudadana y la protección de los derechos civiles. Sin información
adecuada, oportuna y veraz, la sociedad difícilmente se podrá encontrar
en condiciones óptimas para participar en la toma de decisiones
públicas. Como concecuencia de lo anterior ha surgido la necesidad de utilizar una ley
de manera racional y productiva en beneficio del individuo y de la
comunidad. Una labor que es esta difícil, compleja pero muy VITAL.
La libertad de los medios de comunicación es sólo la extensión de la
libertad colectiva de expresión, fundamento de la democracia. Como tal,
no puede ser confiscada por un grupo de poderosos. Implica, por
añadidura, una “responsabilidad social” y, en consecuencia, su ejercicio
debe estar, en última instancia, bajo el control responsable de la
sociedad.
De acuerdo con los principios de la libertad de expresión denro de la ley del derecho a la información: la
sociedad debe tener acceso a todos los registros en poder de los órganos
del Estado y su divulgación, lo cual se denomina principio de la máxima
divulgación. Por tanto, toda ley que se dicte al respeto debe contener
estos principios y además debe estar acompañada de una firme voluntad
política en el sentido de reconocer que la transparencia y la
información son fundamentales en un sistema democrático. No lograr la
consagración de estos principios significa un descaecimiento de los
derechos consagrados tanto en los articulos constitucionales 6 y 7 como en los
tratados y convenciones internacionales de derechos humanos.
En nuestro país actualmente sigue siendo controversial el tema de libertad de
expresión y de derecho a la información, Sobre todo si se tiene en cuenta el momento de elecciones en este año 2012 y de los
conflictos beligerantes son impulsados precisamente por la información y
la manipulación de la misma.
Es en esa postura que podemos colaborar en la construcción continua
de una mejor sociedad donde estos discutidos conceptos sean
desentrañados y llevados a su justa dimensión porque en teoría y aunque se leea enn broma: el derecho a la información adquiere dimensión objetiva, cuando aquélla se expresa a través de los diferentes medios de comunicación que funcionan u operan en la sociedad, y que se encuentran regulados por las leyes. Me refiero en este caso a la televisión...
Hace tan solo unos meses atras el derecho a la información se vio perturbado por las elecciones precidenciales en el país donde el monopolio de la televisión respaldaba al gobernador éña Nieto y le proporciona
una extraordinaria cantidad de tiempo de emisión y otros tipos de
cobertura.
Además de estas revelaciones, también se publicó que la propia
televisora inició una campaña para desgastar la candidatura del
candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.
Era un momento crucial, el clima electoral estaba inmerso en el
movimiento #YoSoy132 que posteriormente terminó por caerse y la presión
social era demasiada.
Así se puede opinar que es evidente la gran falta de pluralidad informativa en el país, que se intensificada por
modificaciones
recientes a la legislación en materia de radio, televisión y
telecomunicaciones, así como la utilización de controles indirectos para
limitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, aunados a
la ausencia de regulación de la asignación de la publicidad oficial y la
carencia de armonización legislativa en materia de transparencia y
acceso a la información pública, ponen enevidencia las graves
deficiencias que impiden el ejercicio pleno del derecho de la
información.
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